Alerta en España por graves restricciones a la libertad digital

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Miles de internautas se están organizando para hacer frente a una normativa incluida en el proyecto de Ley de Economía Sostenible española, que permite el cierre de sitios web sin intervención judicial. De aprobarse esta ley, se daría a la expresión libre en Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados habitualmente a narcotraficantes y terroristas.

Los activistas de Red-Sostenible sostienen que esta norma viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático, como presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otras, y advierte que se introducirá el concepto de "lucro indirecto", es decir: se puede cerrar un blog porque "promociona" a uno que "promociona" a otro que enlaza a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos.

De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, esta no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda otra opción sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.

En la misma sintonía, el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, sostiene que los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión; reclaman que la suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial; y proponen una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

La Red-Sostenible también invita a colaborar de diversas maneras con la campaña en este enlace